Se investigó y denunció penalmente las retenciones que indebidamente se realizaron a servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua para entregarlas a un partido político.

CHIHUAHUA, CHIH.- Una estrategia de investigación y detección de irregularidades permitió  documentar, con pruebas, las redes de corrupción y la afectación al patrimonio del Estado, durante los primeros 100 días de administración en la Secretaría de la Función Pública.

Por ello, se presentaron denuncias en contra de aquellos exfuncionarios que pudieran tener una responsabilidad por actos de este tipo y que requieren además de fortalecer los mecanismos de control para sancionar cualquier desvío de los servidores públicos de la actual administración estatal.

En este lapso de tiempo, se emitieron resultados de 12 auditorías en las que se realizaron observaciones por un monto total de 2 mil millones de pesos por diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos durante la pasada administración. Entre las observaciones destacan contratos irregulares, licitaciones a modo, la falta de comprobación por un bien o un servicio y pagos indebidos.

Se investigó y denunció penalmente las retenciones que indebidamente se realizaron a servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua para entregarlas a un partido político. 

Esta dependencia reunió evidencia de cómo, en su momento, la Secretaría de Hacienda estatal descontó a más de 700 servidores públicos recursos que fueron entregados al secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Chihuahua, quién recibió en efectivo el dinero en calidad de “aportaciones del Ejecutivo para el PRI estatal”.

El monto retenido en Hacienda y entregada al PRI durante la administración 2010-2016, superó los 79 millones de pesos.

Por ello la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, presentó el 5 de diciembre del año pasado, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), una denuncia contra ex funcionarios de la administración del anterior gobernador.

En ese mismo sentido, la funcionaria interpuso ante la Fiscalía General del Estado, dos denuncias en contra de exempleados públicos de la Junta Central de Agua y Saneamiento, por hechos de corrupción, registrados en los proyectos de una planta tratadora de aguas en Parral y de un acueducto en Camargo, que implican un monto superior a los 111 millones de pesos.

También, por primera vez, la dependencia a su cargo investiga la situación patrimonial de cerca de 80 exfuncionarios de la anterior administración estatal, toda vez que han sido señalados por probables irregularidades en cuando a su condición económica, tanto de ellos mismos como de sus familiares.

Con un compromiso total en la transparencia y la rendición de cuentas, en la apertura a la competencia de las licitaciones públicas y en el fomento a la participación ciudadana en los actos públicos, se concretó un cambio en la forma de gobernar

Chihuahua logró ser el primer Estado en transparentar los gastos de comunicación social, mediante el reporte de los mismos en la plataforma electrónica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la información publicada se encuentran los contratos y facturas entre el Gobierno y las empresas de medios de comunicación. Este logro, ha sido destacado y reconocido como único a nivel nacional por parte del INAI y por FUNDAR.

En otro acto más que muestra el compromiso de este Gobierno con la transparencia, se firmó con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el compromiso de transparentar todos los gastos en comisiones públicas. De esta forma, el ciudadano puede conocer cuál es el uso que se da a los recursos públicos en los viajes y comisiones oficiales de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Con el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. se firmó un convenio que permitirá que en Chihuahua se garanticen la transparencia  y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público y en los procesos de contrataciones públicas. En el proyecto, que no tendrá ningún costo para el Estado de Chihuahua, cuenta con el apoyo de México Evalúa.

Como cierre de los primeros 100 días de gestión, por primera vez en Chihuahua, los funcionarios estatales hicieron públicas sus declaraciones 3 de 3, a fin de que el ciudadano sepa cuál es el patrimonio y los conflictos de intereses de cada uno de los integrantes del Gabinete Estatal, y conozca los bienes que poseen cuando inician y cuando terminan su función en la administración estatal.

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